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Fiscalía Provincial Artemisa: La vida humana: lo más importante.

El enfrentamiento a la epidemia generada por el COVID-19, así declarada por la Organización Mundial de la Salud, exige de todos la responsabilidad en el cumplimiento de las medidas que para su prevención dictan las autoridades sanitarias de los respectivos países basadas en las experiencias acumulada por esta organización de Naciones Unidas y los países donde se inició el brote en especial China.

Nuestro país ha adoptado en correspondencia un grupo de medidas higiénico sanitarias que se ajustan al estándar internacional, cuyo cumplimiento es obligatorio por todos los ciudadanos cubanos residentes o no en el país, y los de otros países que nos visitan, dirigidas a salvaguardar la vida de todos y proteger la salud humana.

Su No acatamiento autoriza a las autoridades sanitarias y al cuerpo de inspectores a aplicar multa administrativa a los infractores y la obligación del cumplimiento de la medida, la actitud de los ciudadanos que se opongan a la actuación de estos funcionarios puede ser objeto de tratamiento penal por los delitos de Desobediencia, Desacato o incluso Atentado en la medida que se ofenda de palabra o agreda a estos trabajadores que actúan en cumplimiento de la Ley.

Para los casos que la conducta irreverente actúe directamente en la propagación de la epidemia y otras enfermedades trasmisibles, el Código Penal prevé además en el artículo 187 en sus apartados 1,2, 3 sanciones penales que van desde tres meses hasta ocho años de privación de libertad.

En el apartado 1 del citado precepto legal, se sanciona la infracción de las medidas o disposiciones, con un marco de tres meses a un año de privación de libertad o multa de cien a trescientas cuotas o ambas y en el segundo apartado se fija igual sanción para el que se niegue a colaborar con las autoridades de salud, en los territorios en que la epidemia o enfermedad adquiera características epidémicas graves y en los territorios colindantes.

Ante el actuar malicioso dirigido a contribuir con la propagación de la enfermedad la sanción penal sería de tres a ocho años de privación de libertad. La voluntad política de nuestro Estado apuesta por la prevención y la colaboración consciente y voluntaria de cada cubano, para el bien de todos, pero donde no prime el bienestar colectivo se impondrá la severa aplicación de la ley como responsabilidad ante la preservación del bien jurídico más importante: La vida humana.

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