Las acciones de Estados Unidos para recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba al amparo de la Ley Helms-Burton tienen como contraparte en la Isla un muro jurÃdico desde la aprobación de la legislación anticubana hace 23 años. A principios de marzo, como un nuevo paso en su polÃtica agresiva hacia la nación caribeña, el gobierno de Estados Unidos autorizó, a partir del 19 del propio mes, las demandas en tribunales norteamericanos contra entidades cubanas, más de 200, incluidas en una lista unilateral derivada de sanciones para asfixiar a la economÃa de la mayor de las Antillas.
El Departamento de Estado acompañó su decisión con 'sugerencias' a los inversionistas extranjeros de que reconsideren si incurren en 'tráfico' de bienes confiscados, como denomina Washington a las nacionalizaciones realizadas luego del triunfo de la Revolución bajo un proceso apegado a las normas internacionales.
Ante la postura de la Casa Blanca, el canciller cubano, Bruno RodrÃguez, aseguró a los empresarios extranjeros que existen en la Isla todas las garantÃas para la inversión y los proyectos conjuntos, y ratificó que ellos tienen como respaldo las leyes cubanas, el Derecho Internacional y las legislaciones de sus propios paÃses.
La Habana también destacó las garantÃas a la inversión foránea recogidas en la nueva Constitución de la República, ratificada en el referendo del 24 de febrero por casi siete millones de personas, el 86,8 por ciento de las que acudieron a las urnas.
Washington basó su escalada en la agresión contra Cuba en el TÃtulo III de la Ley Helms-Burton, que permite a cualquier ciudadano o empresa estadounidense presentar demandas ante tribunales del paÃs norteño sobre propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución del 1 de enero de 1959.
Los presidentes de Estados Unidos habÃan suspendido de manera consecutiva la aplicación del mismo por seis meses, pero en enero de este año, Donald Trump anunció que lo harÃa por solo 45 dÃas y, a inicios de marzo, el Departamento de Estado lo canceló por otros 30 dÃas.
La Helms-Burton, que codifica el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impuso hace casi seis décadas, está dirigida a fortalecer el cerco a nivel internacional y establecer un plan de transición y de injerencia en la nación caribeña.
De igual modo, prohÃbe la entrada a Estados Unidos de los directivos y familiares que mantengan negocios en las entidades nacionalizadas, sin importar del paÃs de donde procedan.
LA RESPUESTA
Tras la firma, el 12 de marzo de 1996 por el entonces presidente William Clinton de la denominada Acta por la Libertad de Cuba, la nación caribeña estableció medidas legales para bloquear cualquier acción al amparo de dicha legislación que busca el derrocamiento de la Revolución.
Por medio de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Parlamento), la mayor de las Antillas adoptó medidas jurÃdicas para enfrentar los intentos de afectar al amparo de la Helms-Burton la tranquilidad y las propiedades del pueblo.
Uno de sus mecanismos es la Ley 80, Ley de Reafirmación de la Dignidad y SoberanÃa Cubanas, que en su artÃculo 1 declara ilÃcita la Ley Helms-Burton, inaplicable y sin valor ni efecto jurÃdico alguno.
Por ende, considera nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurÃdica, cualquiera que fuere su ciudadanÃa o nacionalidad.
En su artÃculo 3, la ley cubana recoge: 'Las indemnizaciones por las propiedades estadounidenses nacionalizadas en virtud de ese proceso legÃtimo, validado por las leyes cubanas y el Derecho Internacional, a las que se refiere el artÃculo anterior, podrán formar parte de un proceso negociador entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Cuba, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo'.
Al respecto, aclara que las reclamaciones de indemnización por la nacionalización de dichas propiedades deberán ser examinadas conjuntamente con las indemnizaciones a que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho, con motivo de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo, cuya responsabilidad corresponde al Gobierno de Estados Unidos.
La Ley de Reafirmación de la Dignidad y SoberanÃa protege asimismo las inversiones extranjeras en Cuba y apoya a los inversionistas que pudiesen enfrentar consecuencias adversas en los intentos de aplicarles la Helms-Burton.
De igual modo, el artÃculo 8 declara ilÃcita cualquier forma de colaboración, directa o indirecta, para favorecer la aplicación de la iniciativa destinada al cambio de régimen mediante la asfixia económica.
El texto entiende como colaboración, entre otras conductas, la búsqueda o el suministro de información a cualquier representante del gobierno de Estados Unidos o a otra persona con el objeto de que pueda ser utilizada directa o indirectamente en la posible aplicación de esa ley o prestar ayuda a otra persona para la búsqueda o el suministro de dicha información.
También la solicitud, la recepción, la aceptación, la facilitación o la distribución de recursos financieros, materiales o de otra Ãndole procedentes del gobierno norteamericano o canalizados por éste para favorecer la aplicación de la Ley Helms-Burton.
En 1999, se aprobó la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la EconomÃa de Cuba, la cual complementa la Ley 80.
Esta iniciativa aprobada en la ANPP tiene como finalidad tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra el pueblo cubano, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el paÃs y liquidar al Estado Socialista y la independencia.
El artÃculo 2 de la Ley 88 precisa que dado su carácter especial, 'su aplicación será preferente a cualquier otra legislación penal que le preceda'.
Ambas normas forman parte de la estrategia de lucha de la nación cubana por defender sus independencia y soberanÃa en el contexto de la batalla de ideas que libra para salvaguardar la patria y el socialismo.
Además de estas respuestas jurÃdicas, la Ley Helms-Burton encuentra en Cuba el rechazo unánime del pueblo, lo que constituye el principal obstáculo para su aplicación en la Isla.
OPINAN EXPERTAS
En entrevista con Prensa Latina, la subdirectora del Centro de Estudios Hemisféricos y Sobre Estados Unidos (Cehseu) de la Universidad de La Habana, Olga Rosa González, señaló que Washington pretende fortalecer el bloqueo a Cuba para lograr su ansiado objetivo de un cambio de régimen.
La Ley Helms-Burton surgió en un contexto económico muy difÃcil para Cuba, pues con la caÃda del campo socialista en la década de los años 90 la Isla perdió sus principales socios económicos y se vio obligada a insertarse en un mercado internacional prácticamente de cero, advirtió.
Una teorÃa, acotó, que no le resultó a Washington, con la máxima prueba de que la Isla aún mantiene su sistema de gobierno revolucionario y socialista.
Rememoró que en 1994 ocurrió la crisis de los balseros, que llevó a la firma de acuerdos migratorios bilaterales en ese año y el siguiente; era un perÃodo muy convulso en el que la contrarrevolución se movilizaba fuerte contra el paÃs caribeño, detalló.
Tanto es asà que en 1996 violaron en numerosas ocasiones el espacio aéreo cubano las avionetas de Hermanos al Rescate, organización contrarrevolucionaria con grandes vÃnculos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, según sus siglas en inglés).
Ese grupo, apuntó, está estrechamente relacionado también con la extrema derecha radicada en la ciudad estadounidense de Miami, responsable de acciones terroristas llevadas a cabo dentro y fuera del territorio nacional.
De acuerdo con la investigadora, Cuba alertó en varias oportunidades al gobierno de Estados Unidos por los incidentes, pero Washington no hizo nada, y en un acto de legÃtima defensa las autoridades de la Isla derribaron el 24 de febrero de 1996 dos avionetas.
'Era un año electoral importante en Estados Unidos y para William Clinton; y de acuerdo con las caracterÃsticas del proceso electoral estadounidense, la Florida como estado determina buena parte de los votos en cualquier carrera presidencial', explicó.
El lamentable hecho, que podÃa haber sido evitado por Estados Unidos, fue aprovechado por los senadores Jesse Helms y Dan Burton para presentarle al entonces presidente Clinton la ley que nadie se atrevÃa a firmar, porque realmente tenÃa un marcado carácter extraterritorial.
Actualmente, 23 años después, Donald Trump amenaza con activar su TÃtulo III, el cual de hacerse efectivo, autorizarÃa la demanda ante tribunales estadounidenses para reclamar compensaciones por propiedades nacionalizadas en Cuba en 1960.
Aun cuando ese proceso (las nacionalizaciones) se realizó bajo las normas internacionales, Estados Unidos no quiso negociar con la Isla como lo hicieron otros paÃses, ratificó.
También Dorys Quintana Cruz, vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, recordó la legitimidad de las nacionalizaciones.
Las mismas están autorizadas por la Carta de Naciones Unidas, cuyo basamento tomamos en cuenta al hacer las leyes cubanas y con ello al nacionalizar las propiedades estadounidenses y de otros paÃses en la Isla al principio de la revolución, precisó.
Aquellas fueron -añadió- medidas sustentadas en la legalidad y la sombrilla del Derecho Internacional, dijo la experta, quien calificó de engendro jurÃdico a la Helms-Burton.
Se trata de una ley estadounidense que tiene carácter extraterritorial y que con sus cuatro tÃtulos merece el calificativo de ilÃcita, genocida, injerencista y contraria al Derecho Internacional, sentenció.