Artemisa, Cuba - Nuestro pueblo tiene en sus manos una nueva vía legal que busca desterrar el abuso y atropello que no pocos ejercen para con sus semejantes en desiguales compraventas de por medio. Y es que los listados de los precios topados en varios productos y servicios se convierten en santa palabra en estos tiempos.

Se trata de que exijamos nuestros derechos, muchas veces apabullados por quienes ponen las ganancias a su favor. El Estado dio el primer paso: frenar la tendencia de elevar precios de manera desenfrenada por los trabajadores por cuenta propia, sobre todo tras el incremento salarial en el sector presupuestado. Ahora le toca controlar y a los consumidores respaldarlos para que no sea una medida ocasional.

Si bien es cierto que las Direcciones Integrales de Supervisión cuentan con inspectores que, junto a la Policía Nacional Revolucionaria, impiden que las fechorías en mostradores se esparzan como hierba mala, no hay en toda Artemisa tantos como para que eviten ese tipo de violación.

Por eso la participación ciudadana en este proceso que implica tiempo, control y constancia, sobre todo para cambiar subjetividades y costumbres, resulta vital.

Además de exigir con el conocimiento de hasta cuánto está establecido expender determinado producto para que no se adulteren en tablillas o costos «reales», esos que proponen bajito cuando se pregunta el precio de las tantas libras pesadas, están otras muchas vías de denuncia: teléfonos estatales, oficinas y centros de trabajo, los portales del ciudadano, medios de comunicación.

La idea ha sido clara: el tope de los precios de varios productos y servicios no es sinónimo de freno para los cuentapropistas, sector significativo para la economía del país, sino para aligerar los bolsillos de la población que aún con el aumento salarial no encuentra la fórmula exacta para acomodar en igualdad de condiciones necesidades, gustos y placeres.