
La nueva política del Trabajo por cuenta propia que entrará en vigor en diciembre del presente año es una herramienta eficaz para eliminar las ilegalidades en el sector no estatal y está a tono con aspectos planteados en el Proyecto de Constitución que por estos días se somete a consulta popular en nuestro país.
Ordenar y encauzar el Trabajo por cuenta propia en aras de restablecer la legalidad socialista es objetivo de la política que a partir de su puesta en práctica establecerá la autorización de una sola licencia a las personas naturales que optan por esta modalidad de empleo.
Tal como lo establece el Proyecto de Constitución en el Capítulo II Fundamentos económicos, artículo 22 El estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social y la política del trabajo por cuenta propia es un mecanismo regulatorio para garantizar su efectivo cumplimiento.
Así mismo lo corrobora el Modelo de Actualización Económico y Social Cubano cuando sitúa a esta modalidad de empleo como una forma complementaria y lo describe como forma de empleo lícita a partir del pago de un tributo.
Compete a los Consejos de la Administración garantizar el cumplimiento de lo legislado al respecto. Es cierto que queda mucho por hacer pues aún no se define la existencia de un mercado mayorista y persisten las ilegalidades para la adquisición de las materias primas pero la política tiene como objetivo regular sobre la marcha estos temas.
De las 201 actividades que existían se reagruparon en 123 y surgen otras como la de servicios gastronómicos de restaurantes, bar y recreación, derivadas de la de elaborador- vendedor de alimentos que desaparece, panadero - dulcero y arrendador de medios de transporte.
Otros aspectos que desvirtuaban la política como es el caso de la creación de inmobiliarias y academias son ilegalidades incompatibles con los principios socialistas de nuestro sistema. Por tal motivo se establecen nuevas regulaciones en materia de política cultural y la obtención de las licencias sanitarias y para la operación de equipos de recreación.
Fomentar una cultura tributaria, aplicar lineamientos y estímulos fiscales son cuestiones que los trabajadores no estatales tendrán que construir paso a paso junto a los gobiernos locales para que el Decreto Ley 356 de 2018 sea efectivo y beneficie tanto a contribuyentes como a la economía del país.