Con el propósito esencial de fomentar una conciencia de consumo racional y ahorro, Cuba ha reordenado las tarifas para los servicios de abasto de agua potable, saneamiento y drenaje. La noticia no es nueva, como tampoco lo es que comenzarán a aplicarse a partir de 2020.

Un acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado en marzo último, aprobó la reestructuración del sistema tarifario de los servicios asociados a la actividad de acueducto y alcantarillado en el país.

Bladimir Matos Moya, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, explicó que las modificaciones responden a la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, particularmente a aquellos vinculados al sector, y que establecen el reordenamiento del sistema tarifario.

Las tarifas aprobadas son aplicables a los sectores productivo, presupuestado y doméstico que disponen de metros contadores para el consumo del agua.

El primero de ellos no distingue entre personas jurídicas o naturales: quien produce bienes o presta servicios amparado en una actividad económica legal, debe pagar por el agua consumida como insumo.

De acuerdo con Matos Moya, el elemento que distingue la tarifa a aplicarse progresivamente el año que viene, es que establece como principio y concepto que hay que considerar prohibitivo derrochar el agua.

La nueva tarifa no modificó el precio para el sector presupuestado ni para la población; ¿Dónde hubo cambios? En la esfera productiva, en la cual se ha demostrado una irracionalidad y consumo injustificado del líquido porque no existe consciencia de consumo racional en la mayoría de las entidades estatales.

El precio, entonces, es un regulador del consumo, por lo que aumentarán los costos para quien consuma más agua de la debida.

En el caso de los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) —quienes no pagaban el agua consumida en el ejercicio de sus actividades y teniendo en cuenta que la mayoría se desenvuelve en sus domicilios—, con la nueva restructuración se le aplica la tarifa doméstica acorde al consumo correspondiente a cada residente del núcleo, y la productiva, a partir del consumo adicional.

Si bien es cierto que el país ha venido solventando de manera gradual los problemas en su infraestructura hidráulica, aún existen múltiples afectaciones, como la pérdida de volúmenes significativos de agua por los salideros, por solo citar un ejemplo.

El Consejo de Ministros aprobó la aplicación progresiva de las tarifas en 2020. El sector productivo comenzará a pagar al cierre del primer trimestre del año; luego el presupuestado (segundo semestre) y después el doméstico (tercer trimestre).

Se trata de una medida necesaria, que sin temor a equivocarme, contribuirá al ahorro del agua y con su adecuado pago al desarrollo de la economía.